Una serie de sucesos en los últimos días ha generado presión sobre las relaciones con Estados Unidos, tanto en el ámbito comercial como en el político y de cooperación. Este contexto nos insta a anticiparnos ante posibles escenarios
desfavorables y a actuar con prudencia, proactividad y diplomacia.
En primer lugar, el acuerdo marco alcanzado el 27 de julio entre Estados Unidos y la Unión Europea podría tomarse como referencia para futuras negociaciones con otros socios comerciales, entre ellos Colombia, que aún está a la expectativa de recibir una comunicación formal sobre posibles ajustes arancelarios por parte del país norteamericano.
Dicho acuerdo establece un arancel base del 15 % para la mayoría de los productos europeos, reemplazando el aumento previsto del 30 %. Algunos sectores quedaron exentos o con tarifa cero, como dispositivos médicos, semiconductores, partes de aeronaves y ciertos productos agrícolas; mientras que otros tendrán condiciones especiales, como el acero y el aluminio, con un arancel del 50 %, y los automóviles, que bajan del 25 % al 15 %.
Actualmente, Colombia tiene un arancel general del 10 %, pero en una reciente entrevista el embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, advirtió que podrían imponerse nuevas tarifas si no se resuelven las barreras no arancelarias y otros “irritantes comerciales” en sectores como el automotriz y el agrícola.

Si se aplicara al país la tarifa base del 15 %, tomando como referencia el reciente acuerdo entre EE. UU. y la UE, se verían afectados sectores clave como confecciones, flores, frutas, café, azúcar y petróleo, así como productos industriales con valor agregado medio.
En segundo lugar, con relación a la ayuda económica no militar a Colombia, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. propuso recortarla en un 50 % para el año fiscal 2026, bajando de US$ 400 millones a US$ 208,7 millones.

Este recorte responde a preocupaciones sobre el rumbo político, el manejo del narcotráfico, los derechos humanos y la estrategia de “paz total” del actual gobierno, en un contexto de presión fiscal interna en EE. UU. Para Colombia, esta reducción implica un golpe importante al financiamiento de proyectos estratégicos en seguridad, justicia y desarrollo social, especialmente en regiones vulnerables donde la cooperación internacional sigue siendo clave.

Por último, la condena al expresidente Álvaro Uribe ha despertado reacciones en sectores políticos de EE. UU., donde algunos expresan inquietudes sobre una posible politización de la justicia en Colombia.
Esta convergencia de factores insta a Colombia a consolidar una estrategia diplomática más sólida y técnica. En ese sentido, el país envió el pasado 16 de julio una carta formal al USTR, para negociar la eliminación o reducción del arancel del 10 %. AmCham Colombia considera que se trata de un paso positivo,
aunque insuficiente para garantizar un resultado favorable inmediato y agrega que el país necesita fortalecer su posición técnica, definir claramente los sectores sensibles y construir argumentos sólidos alineados con las prioridades regulatorias estadounidenses, especialmente en materia de inversiones estratégicas y controles de exportación.